jueves, 12 de junio de 2008

Europa pretende aumentar la jornada laboral máxima hasta las 60 o 65 horas

Retroceso en la conquista de los derechos sociales

¿Volveremos al periodo del capitalismo salvaje? Esta es la pregunta que muchos nos hacemos tras conocer que el Consejo Europeo de ministros de trabajo ha aprobado un nuevo texto en materia laboral que supone un claro retroceso respecto a las conquistas laborales y sociales logradas por los trabajadores europeos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
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La jornada laboral de 8 horas, la principal reivindicación del movimiento obrero y derecho social consagrado por la Organización Internacional del Trabajo en 1917, quedaría ahora al albur del acuerdo bilateral entre el trabajador y el patrono, eliminándose de este modo la negociación colectiva.
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Esta aberrante propuesta estaba sobre la mesa desde el año 2005, habiendo sido rechazada una y otra vez por la minoría de bloqueo ejercida por Francia, España e Italia. Sin embargo, los cambios acaecidos ultimamente en los gobiernos francés e italiano han posibilitado que ahora, retomada la iniciativa por la presidencia de turno de Eslovenia, haya sido finalmente aprobada el pasado lunes.
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La nueva directiva europea ha salido adelante gracias al apoyo de 20 países. Se abstuvieron España, Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría, mientras que Malta y Portugal presentaron sus reservas. Estos siete países aprobaron una declaración en la que solicitan a la Eurocámara que mejore el texto.
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Opting out británico
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En esencia, el nuevo texto permitirá a cada Estado miembro de la Unión Europea modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de un máximo de 40-48 horas hasta las 60 horas en casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos, ya que pretende cuantificar como horas de descanso el tiempo que duermen en el hospital durante las guardias.
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Los ministros de trabajo de los países que han apoyado esta nueva directiva europea, encabezados por Gran Bretaña y Alemania, han tratado de justificar el texto en aras de una mayor flexibilidad laboral y generalizar a toda Europa el opting out que desde el año 1993 permite que en el Reino Unido cada trabajador pueda "pactar libremente" con su empresario el tiempo de trabajo.
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Tras la llegada del ultraconservador Silvio Belrusconi al gobierno de Italia este rápidamente se ha sumado al recorte de derechos laborales. Más sorprendente resulta el apoyo de Francia, no porque el derechista Nicolas Sarkozy lo acepte de buen grado, sino por la forma en que se ha materializado, puesto que ha sido el laborista británico Gordon Brown quien ha pactado el apoyo de Francia al aumento de la jornada tras acordar con Sarkozy que a cambio Gran Bretaña se sumaría a la reforma de las agencias de trabajo temporal, otra directiva que se discute de forma paralela.
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Es por tanto verdaderamente lamentable y vergonzosa la actitud del laborismo británico en todo este asunto, ya que no sólo han perpetuado la práctica del opting out en el Reino Unido -cuando debieran haberlo derogado a la llegada de Tony Blair al gobierno en 1997- sino que ahora pretenden extenderlo a toda Europa. ¿Es esto lo que propugna el New Labour de Blair y Brown?
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Frontal oposición de España
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Al lado contrario, abanderando la oposición al aumento de las jornadas laborales, se ha situado el Gobierno de España. Según declaraciones del ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho, la aprobación definitiva del texto "supondría una regresión social" y "acerca a Europa más al siglo XIX que al XXI".
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En el mismo sentido se ha manifestado el eurodiputado socialista Alejandro Cercas, quien considera que la directiva "Arroja a millones de trabajadores a una incertidumbre total, a un horario de trabajo sin garantías y sin límites y a un retroceso respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (...) supone un grave retroceso que convierte el derecho laboral europeo en un material de usar y tirar (...) hace extremadamente difícil la conciliación (...) es un precedente peligroso que luego se puede aplicar a salarios y a condiciones de higiene y abre la puerta al dumping social". Cercas lamentó que el Consejo de Ministros europeo "haya hecho oídos sordos a las demandas de los sindicatos y de la sociedad civil", en su opinión, "dejar al trabajador que pacte a solas con el empresario es renunciar a toda la historia legal y de lucha social colectiva".
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En España el Estatuto de los Trabajadores fija por término general en 40 horas semanales la jornada laboral. Dada la oposición del Gobierno de España podemos decir que, de manera directa, la directiva no afectará a la legislación española y por tanto no se aumentará la jornada laboral. Sin embargo, si llegara a aplicarse en otros países de la Unión podrían producirse situaciones de desigualdad entre trabajadores y eso podría tener consecuencias sobre la competitividad de las empresas de cada país.
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Además, se dejaría la puerta abierta para que futuros gobiernos de carácter conservador en España modificaran nuestras y las adaptaan a la directiva europea. En España, por el momento, el PP ha sido el único partido político que no se ha manifestado en contra de la directiva ni ha manifestado que suponga un recorte social.
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El PSOE por medio de un comunicado difundido el 10 de junio de 2008 se ha comprometido a liderar la defensa en Europa de los derechos de los trabajadores y la oposición a la directiva para ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales.
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Al Parlamento Europeo
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El texto aprobado por el Consejo Europeo de Ministros de Trabajo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, en el que existe una mayoría de derechas. En este sentido, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, ya ha anunciado que España trabajará para que la directiva se revise y modifique en el Parlamento Europeo.
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Esperemos que así sea y, si ya no puede rechazarse de manera íntegra, que al menos se elimine todo el contenido referente a la ampliación de la jornada laboral semanal máxima y a la imposibilidad de negociarla de manera colectiva. De lo contrario el paso significará el inicio del fin de la llamada Europa social.
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¿Cómo podríamos pretender entonces exigir a otros países como China para que se aumentaran los derechos sociales y laborales? Europa dejaría de ser el referente, con sus defectos, el espejo al que miran el resto de los trabajadores del mundo. Los neocon, adalides del liberalismo económico, no pueden salirse con la suya ya que no tendríamos más remedio que volver a la lucha y a la confrontación.